MONTERREY, N.L., 12 de junio de 2026.– La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, una decisión que abre formalmente una nueva etapa de confrontación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo estatal.
El procedimiento deriva de una solicitud promovida el pasado 8 de junio por diputados y militantes de Morena, quienes pidieron investigar al mandatario por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos. La petición fue turnada a la comisión correspondiente para determinar si existían elementos suficientes para iniciar el proceso.
Irregularidades en el uso de recursos
Los promoventes sostienen que existen indicios sobre una posible triangulación de recursos hacia despachos vinculados con familiares del gobernador, situación que, a su juicio, podría constituir una falta grave en el ejercicio del cargo. Con base en esos señalamientos, solicitaron que el Congreso analizara la viabilidad de un juicio político.
Tras la determinación de la Comisión Anticorrupción, Samuel García deberá recibir una notificación oficial sobre el procedimiento en su contra. A partir de ese momento comenzarán a correr los plazos establecidos por la legislación local para que ejerza su derecho de audiencia y presente los argumentos que considere necesarios para su defensa.
El Congreso definirá los siguientes pasos
El proceso contempla que el mandatario estatal tenga la oportunidad de comparecer personalmente ante la comisión o presentar su postura por escrito a través de representantes legales. Los diputados analizarán la documentación y las pruebas que aporten ambas partes antes de emitir una resolución sobre la procedencia del caso.
Una vez concluida la fase de revisión, la Comisión Anticorrupción elaborará un dictamen que podría ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de Nuevo León. Los legisladores decidirán entonces si el procedimiento continúa o se desecha.
Mientras tanto, el caso se convierte en uno de los episodios de mayor tensión política en Nuevo León durante 2026, al colocar al gobernador Samuel García bajo un proceso legislativo que podría tener repercusiones en el cierre de su administración.
