Por Melisa Herrera
PLAYA DEL CARMEN, QRoo., a 16 de julio de 2026.- La movilización de vecinos, activistas y ciudadanos evitó un nuevo intento por restringir el acceso público a Playa 72, luego de que trabajadores contratados por quienes se ostentan como propietarios del predio Chendzubul intentaran instalar una malla ciclónica sobre el camino que conduce a este punto, considerado uno de los últimos accesos naturales al mar en la ciudad.
Los hechos ocurrieron en la entrada del predio ubicado al final de la avenida Luis Donaldo Colosio, donde maquinaria y personal comenzaron a colocar postes y cercado sobre la calzada que comunica con la playa. La rápida reacción de habitantes de la colonia Colosio y de defensores ambientales impidió que los trabajos avanzaran, al considerar que el cierre representaría un hecho consumado que afectaría el libre acceso al litoral.
Los manifestantes exigieron que se respete el derecho de la ciudadanía a disfrutar de las playas públicas y permanecieron en el sitio para impedir cualquier acción que limite el paso hacia la costa, al tiempo que reiteraron que el acceso al mar es un derecho que debe preservarse.
El terreno conocido como Chendzubul permanece desde hace años inmerso en un litigio por la propiedad. Sin embargo, el conflicto ha trascendido el ámbito legal debido a la relevancia ambiental del sitio, identificado por organizaciones civiles como el último gran manglar urbano que permanece en Playa del Carmen.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Durante la confrontación verbal, el responsable de la obra aseguró contar con los permisos necesarios para realizar el cercado. No obstante, esa versión contrasta con las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Playa del Carmen, que un día antes inició un procedimiento administrativo al detectar que la delimitación del predio presuntamente carecía de las autorizaciones correspondientes.
En un comunicado, el gobierno municipal informó que personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) acudió al lugar para verificar que el acceso público permaneciera libre. De forma paralela, inspectores de la Secretaría de Desarrollo Urbano colocaron una notificación oficial en la malla instalada, mediante la cual solicitaron al propietario o representante acreditar, en un plazo de cinco días hábiles, la documentación que respalde la obra; de lo contrario, el procedimiento contempla su clausura.
