XALAPA, Ver., 23 de julio de 2026.- El Congreso de Veracruz declaró procedente la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, con lo que comenzó formalmente el procedimiento de declaración de procedencia para determinar si el edil pierde la inmunidad constitucional y puede enfrentar una investigación penal por su presunta relación con el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
Presunto autor intelectual
La solicitud de la Fiscalía se sustenta, entre otros elementos, en la declaración de un testigo, quien afirmó que el alcalde habría ordenado al grupo criminal “La Sombra” privar de la libertad a la comunicadora. De acuerdo con el testimonio citado por la FGE, el presunto móvil fue que Roxana Guzmán tenía una fotografía en la que Raúl González aparecía portando un arma larga, imagen que, según el testigo, el propio funcionario consideraba perjudicial para sus aspiraciones y trayectoria política si llegaba a hacerse pública.
Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local determinaron que la solicitud de la Fiscalía cumple con los requisitos legales, por lo que el expediente fue turnado a la Comisión Permanente Instructora, instancia que continuará con el juicio de desafuero antes de que el Pleno decida si retira o no la protección constitucional al alcalde de extracción emecista. Hasta el momento, Raúl González Martínez no ha emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones.
Congreso da paso al desafuero
El proceso ocurre tras las detenciones realizadas por el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien fue privada de la libertad el 2 de junio en Nanchital y cuyos restos fueron identificados un mes después mediante estudios forenses. Las autoridades han informado la detención de ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados por presuntamente brindar apoyo al grupo criminal involucrado en el crimen.
El avance del procedimiento de desafuero coloca por primera vez al presidente municipal en la ruta de una posible investigación penal como presunto autor intelectual del crimen, en un caso que ha generado preocupación por la violencia contra periodistas y por las presuntas conexiones entre autoridades municipales y la delincuencia organizada. El proceso legislativo definirá si el alcalde pierde el fuero para que la Fiscalía continúe las acciones judiciales correspondientes.
