CIUDAD DE MÉXICO, a 31 de agosto de 2026.— La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentó ante diputados federales de Morena el paquete de reformas prioritarias del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que incluye el Paquete Económico 2027, nuevas disposiciones anticorrupción y cambios en materias de salud, justicia, medio ambiente y derechos de las mujeres.
La exposición se realizó durante la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, antes del periodo ordinario de sesiones que se desarrollará del 1 de septiembre al 15 de diciembre. La agenda contempla alrededor de 11 proyectos prioritarios, los cuales serán enviados o presentados formalmente ante el Congreso de la Unión para su análisis, discusión y eventual aprobación.
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2027
En materia económica, el paquete incorpora la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. La primera definirá las fuentes y estimaciones de recursos que recibirá el gobierno federal, mientras que el segundo establecerá cómo se distribuirá el gasto público entre programas sociales, infraestructura, salud, educación, seguridad y transferencias para estados y municipios.
Aunque todavía no se han divulgado montos ni modificaciones fiscales definitivas, la Secretaría de Hacienda adelantó que la propuesta buscará preservar la estabilidad de precios, fortalecer la recaudación, mantener finanzas públicas sólidas y estimular el crecimiento mediante inversión pública y bienestar compartido. La distribución final será relevante para Yucatán, Campeche y Quintana Roo por su posible impacto en participaciones federales, servicios públicos y proyectos regionales.
Nuevas leyes contra corrupción e impunidad
Uno de los ejes centrales será el paquete anticorrupción, integrado por reformas a 19 leyes y la creación de dos nuevos ordenamientos. Entre ellos se anticipó una Ley General Anticorrupción, orientada a incorporar herramientas tecnológicas para vigilar prácticamente en tiempo real el ejercicio del presupuesto y las contrataciones gubernamentales; el segundo ordenamiento estará enfocado en reforzar el combate a la impunidad, aunque su denominación y articulado todavía no se han hecho públicos.
Las propuestas fueron trabajadas con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de la Federación, con la intención de ampliar las facultades de fiscalización, transparentar el uso de recursos públicos y mejorar la capacidad institucional para sancionar irregularidades. Una vez recibidas por el Congreso, las iniciativas serán turnadas a comisiones para su estudio, dictaminación y posterior votación en el pleno.
