Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, a 28 de septiembre de 2026.- El caso Ayotzinapa vuelve a tomar nuevas rutas de investigación a partir del análisis de información que permaneció durante años en los expedientes. A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, autoridades federales informaron que el cruce de registros telefónicos, documentos y evidencias permitió identificar 17 personas que ahora son sujetos de investigación.
Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, explicó que uno de los principales avances surgió al reconstruir las comunicaciones realizadas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, así como el uso posterior de algunos teléfonos que pertenecían a los estudiantes. El análisis permitió establecer nuevas relaciones entre presuntos integrantes de Guerreros Unidos, policías y servidores públicos.
Estas son las rutas de investigación
Uno de los dispositivos fue utilizado después de la desaparición por un exservidor público de Iguala, identificado como Mauro “N” en reportes de la investigación. De acuerdo con la FGR, los datos obtenidos contribuyeron a que en agosto de 2026 se librara una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada. Otro teléfono registró actividad atribuida a un policía municipal de Iguala, mientras que un tercer dispositivo llevó a los investigadores hacia personas relacionadas con un exfuncionario de la barandilla municipal.
Otra de las rutas se concentra en funerarias y el Servicio Médico Forense de Iguala. Las autoridades señalaron que el cruce de llamadas y otros elementos permitió detectar relaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y personas vinculadas con establecimientos funerarios. La investigación derivó en cateos realizados en octubre de 2025, donde se localizaron, según el reporte oficial, un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial, además de irregularidades relacionadas con la operación del SEMEFO.
Posteriormente, entre marzo y junio de 2026 se realizaron nuevas diligencias en el SEMEFO, con la recuperación de 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, restos biológicos, prótesis dentales, cartuchos, casquillos y documentos. Estos materiales continúan bajo análisis pericial y, hasta ahora, su recuperación no equivale a la identificación de alguno de los 43 estudiantes, por lo que los resultados forenses serán determinantes para establecer su naturaleza y posibles coincidencias.
El tercer y cuarto ejes de la investigación corresponden a la identificación de una persona que habría participado en los hechos cuando era menor de edad y al análisis de las videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Según las autoridades, esta última investigación permitió profundizar en las decisiones de funcionarios relacionadas con el destino de las imágenes captadas durante aquella noche.
Con estas cuatro líneas, la Fiscalía y Gobernación sostienen que la investigación busca reconstruir lo ocurrido, ampliar la búsqueda de los estudiantes y determinar responsabilidades individuales. La indagatoria continúa abierta y el Gobierno informó que mantendrá la colaboración con las familias, así como una ruta de trabajo con la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la eventual participación de expertos internacionales.
