Ciudad de México, a 04 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) adjudicó parte del contrato para el arrendamiento de su nuevo parque vehicular a Casanova Rent Volks, empresa que se posicionó como la segunda mayor ganadora de la licitación destinada a la renta de más de 2 mil 500 vehículos para unidades administrativas en todo el país.
De acuerdo con el fallo emitido en enero, la empresa —propiedad de Carlos y Joaquín Echenique Casanova— obtuvo dos de las once partidas del concurso, con un monto que puede alcanzar hasta 154 millones 770 mil pesos, dentro de un contrato que estará vigente durante el periodo 2026–2029.
La renovación del parque vehicular de la FGR no estuvo exenta de polémica. El procedimiento se vio marcado por licitaciones fallidas, suspensiones y señalamientos internos de irregularidades, en un contexto que incluso derivó en la destitución de altos funcionarios del Órgano Interno de Control (OIC).
La primera licitación fue declarada desierta por fallas técnicas; una segunda se suspendió ante posibles irregularidades, y no fue sino hasta diciembre cuando el proceso se reactivó, luego de que el OIC determinara que no existían ilegalidades. Finalmente, la FGR adjudicó los contratos a Jet Van Car Rental y Casanova Rent Volks.
Señalamientos por presunta corrupción
El proceso quedó bajo mayor escrutinio tras revelarse que la FGR investiga a Arturo Serrano Meneses, ex titular del OIC, por presuntamente haber solicitado un soborno cercano a los 6 millones de pesos a un representante de Casanova Rent Volks, a cambio de influir en la adjudicación de contratos.
La indagatoria, dada a conocer por el diario Reforma en septiembre de 2025, también involucra a Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex titular del Área de Responsabilidades del OIC. Ambos exfuncionarios fueron removidos de sus cargos y han comparecido ante un juez federal, mientras que la Fiscalía incorporó incluso videograbaciones como parte de las pruebas.
Casanova Rent Volks forma parte de Grupo Casanova, conglomerado que fue uno de los principales proveedores de arrendamiento vehicular durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, periodo en el que acumuló al menos 6 mil 500 millones de pesos en contratos federales.
Esa posición privilegiada comenzó a tambalearse en septiembre de 2022, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando la entonces Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la empresa por 45 meses, tras detectar sobreprecios en un contrato de arrendamiento de ambulancias con el ISSSTE, que implicó un gasto de 113.3 millones de pesos.
Sanción anulada
Pese a la sanción, Casanova logró revertir la inhabilitación en mayo de 2024, luego de promover diversos recursos legales, lo que le permitió volver a competir y ganar contratos federales, incluido el reciente acuerdo con la FGR.
Este regreso ha generado cuestionamientos entre especialistas y observadores del gasto público, debido a que la empresa volvió a ser considerada solvente en una de las licitaciones más relevantes de la institución para los próximos tres años.
El historial de Casanova también incluye investigaciones penales a nivel estatal, particularmente en Sinaloa, donde fiscalías documentaron presuntos esquemas de triangulación en contratos de arrendamiento vehicular otorgados por ayuntamientos como Ahome y Culiacán.
En esos casos, los expedientes derivaron en procesos penales contra exalcaldes y altos funcionarios municipales, aunque ello no impidió que la empresa volviera a obtener contratos federales de alto impacto.
