Por Melisa Herrera
CANCÚN, Q. Roo, a 09 de marzo de 2026.– La organización Artículo 19 alertó sobre la reforma al Código Civil de Quintana Roo que busca regular el derecho a la propia imagen, al advertir que podría generar limitaciones a la libertad de expresión, por lo que pidió a la Legislatura local analizar su implementación con base en los más altos estándares en materia de derechos humanos.
La iniciativa fue presentada ante el Congreso de Quintana Roo por los diputados María José Osorio Rosas, del Partido Verde (PVEM); Hugo Alday Nieto, del Partido del Trabajo (PT); y Ricardo Velazco Rodríguez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), integrantes de la XVIII Legislatura.
Los artículos que generan preocupación
Artículo 19 hace especial mención al artículo 551 TER, que establece que toda persona tiene derecho sobre su imagen, lo que implica la facultad de disponer de su voz, rostro, cuerpo, nombre o cualquier representación gráfica, audiovisual o sonora que permita su identificación, así como autorizar o negar su captación o difusión.
La organización también alertó sobre las implicaciones del artículo 551 QUATER, el cual establece como acto ilícito la difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso.
Si bien reconocen que la propuesta contempla excepciones para la labor periodística, previstas en el artículo 551 SEPTIES, advierten que cualquier regulación sobre la difusión de imágenes debe analizarse con cuidado, ya que podría derivar en excesos que afecten el ejercicio del periodismo.
Regulación necesaria, pero con cautela
La organización consideró legítimo que se busque regular el uso indebido de imágenes, especialmente ante el crecimiento de prácticas en entornos digitales, redes sociales y medios de comunicación, donde con frecuencia se difunden contenidos sin autorización.
No obstante, subrayó que la iniciativa se basa en normativas ya existentes en otros estados, lo que obliga a revisar los antecedentes de su aplicación, pues en algunas entidades estas disposiciones han sido utilizadas para presentar demandas contra periodistas y medios de comunicación.
De acuerdo con Artículo 19, durante 2025 se documentaron 51 casos de acoso judicial contra periodistas en México, incluidos dos en Quintana Roo.
“Estos casos de acoso judicial son conocidos como SLAPPs (litigios estratégicos contra la participación pública, por sus siglas en inglés)”, explicó la organización.
Por ello, señaló que cualquier reforma que pueda impactar en la libertad de expresión debe ir acompañada de mecanismos procesales Anti-SLAPP, a fin de evitar el uso abusivo del aparato judicial contra periodistas y la prensa.




