Por Staff
BUENOS AIRES, Arg., a 12 de febrero de 2026.- La iniciativa de reforma laboral del presidente Javier Milei ha puesto a Argentina en el centro de un debate que combina política, economía y derechos sociales, mientras las calles se llenan de marchas y protestas lideradas por sindicatos y organizaciones civiles. El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado, busca modificar las reglas de contratación y despido, ampliar las jornadas laborales, limitar indemnizaciones por despido y reducir las barreras legales para los empleadores, argumentos presentados por el oficialismo como claves para dinamizar una economía estancada.
No obstante, el rechazo es mayúsculo. Miles de trabajadores se concentraron frente al Congreso Nacional, con movilizaciones también en provincias como Santa Fe y Córdoba, en una respuesta que busca frenar lo que consideran un ataque directo a los derechos laborales conquistados históricamente. Estas marchas han sido encabezadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), las CTA y otros gremios, que denuncian que la reforma debilitara la capacidad sindical y precarizará las relaciones de trabajo si se aprueba tal como está redactada.
Las protestas no han estado exentas de tensión: en Buenos Aires se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía, uso de gases lacrimógenos, detenidos y heridos, lo que ha intensificado el clima de presión social sobre los legisladores.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma es un paso hacia un “mercado laboral más competitivo”, defendiendo que la actualización de las normativas es clave para atraer inversión y reducir la informalidad laboral. Sin embargo, la escalada de movilizaciones populares indica que el conflicto podría prolongarse antes de que el proyecto, que ya avanzó en el Congreso, llegue a su etapa final de aprobación.
