LA PAZ, Bolivia, a 29 de julio de 2026.- La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Juan Evo Morales Ayma, a quien investiga por su presunta responsabilidad en diversos delitos derivados de los bloqueos carreteros y las movilizaciones registradas entre mayo y junio de este año.
El requerimiento, firmado este 29 de julio por el fiscal de materia Brayan Alfredo Melgar Ledezma, instruye a la autoridad policial asignada al caso detener y conducir al exmandatario ante la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción para que continúe el proceso penal en su contra.
La orden señala que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, representado por su presidente Stello Cochamanidis Garcés, a la que posteriormente se adhirió el Ministerio de Gobierno de Bolivia.
De acuerdo con la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público, Morales y otras personas son investigados por la presunta comisión de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos, delitos previstos en los artículos 121, 130, 132, 133, 213 y 214 del Código Penal boliviano.
Fiscalía considera indispensable su aprehensión
En la resolución, el Ministerio Público sostiene que la presencia del exmandatario resulta imprescindible para el desarrollo de la investigación y argumenta que existen los requisitos legales para ordenar su captura, con fundamento en el artículo 226 de la Ley 1970 y en la Sentencia Constitucional 1524/05-R.
El documento identifica el expediente con el CUD 701102012605026 y establece que la orden fue librada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si la orden de aprehensión ya fue ejecutada ni han precisado cuántas personas más forman parte del proceso.
La orden de aprehensión se suma a las investigaciones abiertas por las autoridades bolivianas tras los bloqueos registrados durante más de 50 días en distintas regiones del país, movilizaciones que dieron origen a diversas denuncias penales.
