TOLUCA, Méx., a 01 de septiembre de 2026.— La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación sobre la compra de un helicóptero Black Hawk realizada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), encabezada por Cristóbal Castañeda Camarillo, con el propósito de revisar las condiciones en las que se concretó la operación.
De acuerdo con información publicada por SDP Noticias, la indagatoria pretende esclarecer si durante la adquisición se incurrió en irregularidades administrativas o si pudo generarse alguna afectación al patrimonio público.
La aeronave, con matrícula XC-PEM, fue presentada por las autoridades del Estado de México el pasado 22 de junio. Según el mismo medio, se trata de un helicóptero correspondiente a la década de 1980 que posteriormente fue sometido a un proceso de remanufactura, aunque durante su presentación fue descrito como una unidad de última generación.
El monto pagado por el aparato es otro de los elementos incluidos en la revisión. SDP Noticias señala que la dependencia estatal desembolsó 170 millones de pesos por el Black Hawk y refiere que una aeronave nueva de este modelo puede tener un valor de entre 15 y 20 millones de dólares.
La auditoría deberá establecer si el precio cubierto por el gobierno mexiquense resulta acorde con la antigüedad, características técnicas y condiciones en las que fue entregado el helicóptero.
ASF pide documentos sobre 19 puntos
El caso fue integrado en el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 013/2026. La Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la ASF requirió a Castañeda Camarillo información y documentación relacionada con 19 aspectos de la compra mediante el oficio UE-IAF/DGIA/0017/2026.
La revisión incluye, entre otros elementos, las condiciones bajo las cuales fue establecido el contrato y las características de la aeronave adquirida.
SDP Noticias también identifica al ciudadano israelí Samuel Avishai Neriah como intermediario de la operación. La publicación refiere que ha participado anteriormente en negocios vinculados con tecnología de seguridad y lo relaciona con investigaciones en torno a la comercialización del software Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El medio menciona además documentos de un arbitraje judicial realizado en Israel que, según su versión, describen acuerdos entre Neriah y Uri Ansbacher para distribuir oportunidades relacionadas con contrataciones públicas en México.
La ASF deberá resolver, a partir de la documentación recabada y de las diligencias que realice, si existen elementos para fincar responsabilidades administrativas o determinar algún posible daño al patrimonio público.
De acuerdo con SDP Noticias, el procedimiento eventualmente podría derivar en sanciones administrativas o en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Por ahora, los hechos permanecen bajo investigación y no existe una determinación de responsabilidad contra los funcionarios o particulares mencionados.
