Por Melisa Herrera
MAHAHUAL, QRoo, a 10 de agosto de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió hoy, por unanimidad, atraer el caso de las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual. Con esto, el máximo tribunal del país se quedará con los recursos y podrá revisar de fondo los argumentos de los ciudadanos que cuestionaron esos cambios desde el derecho humano a un medio ambiente sano y el acceso a la justicia ambiental.
¿De qué van exactamente esas modificaciones? A finales de noviembre y principios de diciembre de 2025, el Cabildo del municipio de Othón P. Blanco aprobó de manera exprés una reconfiguración de usos de suelo, densidades, alturas y vialidades sobre 107.67 hectáreas en Mahahual.
El cambio se hizo a petición de la naviera Royal Caribbean, para facilitar la construcción del megaproyecto turístico Perfect Day: un parque acuático con toboganes de hasta 63 metros de altura e inversión cercana a los mil millones de dólares, ubicado junto al muelle de cruceros de Costa Maya.
Los vecinos y la organización DMAS argumentan que esa modificación se realizó sin la consulta pública ni el procedimiento completo que exige la ley de asentamientos humanos, en una sesión de cabildo que duró apenas unos minutos, y que abre la puerta a un desarrollo de gran escala que podría afectar manglares, el ecosistema costero y el derecho de la comunidad a un medio ambiente sano.
El camino a la Corte
El asunto nació de tres juicios de amparo promovidos por distintos grupos de ciudadanos de Mahahual en contra de esas modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano. Esos amparos generaron los recursos de queja 76/2026, 112/2026 y 113/2026, que estaban en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito aquí en Quintana Roo.
El pasado 9 de junio, DMAS, a nombre de los ciudadanos, le pidió a la Presidencia de la Suprema Corte que atrajera estos asuntos porque reunían los requisitos de interés y trascendencia nacional. La solicitud planteó varios puntos clave: hasta dónde llega el derecho a un medio ambiente sano frente a los programas municipales de desarrollo urbano; si las comunidades tienen interés legítimo para impugnar decisiones de planeación que afectan su entorno; cómo deben contarse los plazos para llegar al amparo en materia ambiental (siguiendo la Constitución y el Acuerdo de Escazú); y la aplicación de principios como el precautorio, la participación ciudadana y el “in dubio pro natura” en la planeación del territorio.
Con la decisión de hoy, esos planteamientos llegarán a la Suprema Corte y podrían servir para fijar criterios de alcance nacional sobre cómo se protegen judicialmente los Programas de Desarrollo Urbano y el acceso a la justicia ambiental.
Para DMAS y los promoventes, el caso va mucho más allá de Mahahual. Una eventual resolución del máximo tribunal podría fortalecer los mecanismos de defensa de comunidades y ecosistemas frente a decisiones de planeación territorial en cualquier parte del país. Se trata, en pocas palabras, de un paso histórico para que la justicia ambiental se analice desde la más alta instancia judicial.
