WASHINGTON, EU., a 5 de septiembre de 2026.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que abre la puerta a facilitar la eliminación de lobos que ataquen ganado, mediante una revisión de las protecciones federales del lobo gris y del lobo mexicano, considerado una subespecie en peligro de extinción. Sin embargo, la medida no autoriza de manera inmediata a los ganaderos a disparar contra estos animales, pues ambos mantienen las salvaguardas correspondientes en gran parte del país.
La orden denominada Supporting America’s Ranchers instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, a determinar, en un plazo máximo de 90 días, si el lobo gris y el lobo mexicano cumplieron los criterios de recuperación necesarios para retirar o reducir su protección bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Si la dependencia concluye que alcanzaron esas metas, deberá iniciar el proceso administrativo correspondiente.
Trump busca ampliar las acciones contra lobos
El documento también ordena revisar los criterios para autorizar la eliminación letal de lobos que representen un peligro para las personas o el ganado. Durante la firma, Trump preguntó si los productores podían dispararles “desde hoy”, pero la legislación federal todavía considera delito matar ejemplares protegidos sin autorización en la mayor parte de Estados Unidos.
La medida forma parte de un paquete de apoyos para los ganaderos estadounidenses, quienes denuncian pérdidas económicas por ataques de lobos contra becerros, vacas y otros animales. Un análisis difundido por la Universidad de California estimó que, durante 2025, las pérdidas directas e indirectas relacionadas con un grupo de lobos en Sierra Valley oscilaron entre 533 mil y 1.7 millones de dólares; al sumar las acciones oficiales de control, el costo superó los 2.6 millones de dólares.
Ambientalistas alertan por el lobo mexicano
La orden también plantea modificar los programas de compensación para agilizar el pago de daños por depredación y pide al gobierno federal promover que los estados revisen sus propias listas de especies protegidas. Actualmente existen fondos públicos para indemnizar a productores por pérdidas confirmadas; en California, por ejemplo, un programa piloto distribuyó 3 millones de dólares entre 109 beneficiarios.
Organizaciones ambientalistas advirtieron que retirar las protecciones podría frenar décadas de recuperación, sobre todo en el caso del lobo mexicano, cuya población silvestre ronda los 317 ejemplares y aún enfrenta baja diversidad genética. Los grupos defensores sostienen que cualquier decisión debe basarse en evidencia científica y anticiparon acciones legales si el gobierno permite una mayor matanza sin acreditar que las especies alcanzaron sus objetivos de recuperación.
