Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, a 21 de agosto de 2026.- CIUDAD DE MÉXICO, a 21 de agosto de 2026.- La dirigencia nacional de Morena tomó distancia de la decisión de Rubén Rocha Moya de reincorporarse este viernes a la gubernatura de Sinaloa, al señalar que el regreso al cargo fue una determinación estrictamente personal y que no fue consultada ni informada previamente al partido.
La presidenta nacional de Morena, Citlali Hernández, afirmó que el movimiento respetará el debido proceso y las investigaciones que realizan las autoridades mexicanas, al tiempo que sostuvo que dentro del partido existe una posición clara: “nadie está por encima de la ley”.
“La decisión de Rubén Rocha Moya de regresar al cargo de gobernador de Sinaloa es estrictamente personal y no fue consultada ni informada previamente a la dirigencia de Morena”, señaló Hernández en su posicionamiento.
La dirigente agregó que la responsabilidad del partido está con el pueblo de Sinaloa y de México, por lo que Morena esperará el desarrollo de las investigaciones y los resultados que determinen las autoridades competentes.
El regreso de Rocha Moya ocurre después de 112 días de licencia, periodo durante el cual el mandatario se puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser investigado a raíz de señalamientos formulados por Estados Unidos. Este viernes anunció formalmente que retomaría sus funciones como gobernador.
¿De qué se le acusa a Rocha Moya?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó en abril a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos de presuntamente colaborar con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el ingreso de grandes cantidades de narcóticos a territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos. También se formularon acusaciones relacionadas con delitos de armas.
Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y sostiene que los señalamientos carecen de pruebas y obedecen a motivaciones políticas. En tanto, la postura de Morena establece que el regreso al cargo corresponde exclusivamente a una decisión del mandatario y que las investigaciones deberán continuar conforme a las atribuciones de las autoridades mexicanas.
