Por Melisa Herrera
CANCÚN, Q. Roo, a 17 de febrero de 2026.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió proteger los derechos humanos de más de 36 mil niñas, niños y adolescentes con discapacidad que viven en Quintana Roo, donde una ley les prohibía participar, por no alcanzar la mayoría de edad, en un parlamento abierto en el que se discutirían políticas públicas que les afectan o benefician directamente.
Con ocho votos a favor y uno en contra, el Pleno avaló un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahfl, quien propuso declarar fundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se solicitó invalidar el artículo 1 Quinquies de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Quintana Roo.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía comentó que la norma restringe totalmente la participación de las personas menores de edad en asuntos que pueden lesionarles de manera directa y relevante.
“Hablar de discapacidad sin incluir a niñas, niños y adolescentes con discapacidad es, al mismo tiempo, hablar de una realidad incompleta. La participación no es un privilegio que inicia con la mayoría de edad; es un derecho humano, y cuando las decisiones públicas influyen en la vida de la niñez y la adolescencia, su voz no puede ser opcional ni sustituible”, expresó.
El ministro puntualizó que las personas con discapacidad no enfrentan las mismas dificultades en todas las etapas de su vida, y subrayó que las experiencias en la escuela, el sistema de salud, el espacio público y el entorno de cuidados son distintas en la infancia y la adolescencia.
“Si el Parlamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad escucha solo a personas adultas, el análisis será parcial. Prescindir de niñas, niños y adolescentes reproduce una lógica adultocéntrica que asume que otros pueden hablar por ellos. Además, la niñez y la adolescencia no son sinónimos de incapacidad”, sostuvo.
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que en Quintana Roo existen 36 mil 700 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, lo que representa 6.8 por ciento de la población estatal.
En contraste, la ministra María Estela Ríos González votó en contra del proyecto al argumentar que la edad de 18 años opera como un estándar constitucional de capacidad política plena, por lo que no consideró arbitrario que el legislador local lo adoptara como criterio para integrar un mecanismo institucional.
A partir de la notificación de la sentencia, el Congreso del Estado de Quintana Roo deberá modificar la regulación y las convocatorias correspondientes para permitir la participación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, conforme a su edad y madurez, y garantizando condiciones accesibles.
