Por Melisa Herrera
CANCÚN, QRoo a 16 de enero de 2026.- Luego de inflar las expectativas sobre la Ley de Libre Acceso a Playas que se aprobó en comisiones del Senado, sin ningún cambio sustantivo que obligue a los hoteles a tener pasos de servidumbre que permitan acceder a las zonas costeras del país, ahora el senador Gino Segura dice que hacer respetar ese mandato es responsabilidad de los municipios.
El legislador federal y aspirante a la gubernatura de Quintana Roo encabeza la comisión de Turismo en el senado de la República y correspondía a él y los miembros de ese órgano parlamentario enriquecer la reforma que se promovió como la panacea para garantizar el libre acceso a las playas, obligando a los hoteleros a abrir los pasos de servidumbre que por años han evitado, pese a ser una obligación que ya se encuentra en Ley General de Bienes Nacionales (LGBN).
Ley sin garantías
En el pasado, el legislador habría expresado al respecto: “Estamos sustituyendo el caos por planeación técnica a través del nuevo Registro Nacional de Playas, una herramienta que por primera vez cruzará los catastros municipales con la zona federal para otorgar certeza jurídica definitiva. Donde exista propiedad privada se respetará, pero donde no haya vía pública, el acceso será obligatorio por ley”.

Pero, al no haber ningún cambio sustantivo en la referida reforma que ya fue aprobada en comisiones del Senado, ahora afirma que es responsabilidad de los ayuntamientos hacer cumplir a los hoteleros esta obligación.
Al ser cuestionado sobre este tema en el foro Perspectivas Turísticas 2026 en la Universidad Anáhuac de Cancún, el senador dijo que si los ayuntamientos no hacen nada, “deben ser los ciudadanos quienes soliciten a través de las consultas públicas en las actualizaciones de los programa de desarrollo urbano para que se abran esos accesos a las playas”.
El senador aseguró que los alcances de la reforma, que aún debe ser ratificada en el pleno de la cámara alta, nunca incluyó abrir pasos de servidumbre en los hoteles, sino sólo garantizar los accesos gratuitos en las áreas naturales protegidas, como el caso del Parque del Jaguar en Tulum, donde se pretendió cobrar por acceder a la playa, pero eso ya fue corregido.



