CIUDAD DE MÉXICO, a 14 de julio de 2026.– El Gobierno de México inició cuatro acciones legales e institucionales para investigar las muertes de personas mexicanas bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los procedimientos comenzaron el lunes 13 de julio, como seguimiento a las medidas anunciadas previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum ante los fallecimientos de connacionales vinculados con actuaciones de la autoridad migratoria estadounidense.
La primera ruta será una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El recurso se prepara en coordinación con la Fiscalía General de la República y será presentado mediante la Embajada mexicana.
La segunda consiste en promover denuncias ante las fiscalías estatales competentes. La representación diplomática y la red consular se encargarán de canalizar cada caso ante las autoridades de la jurisdicción correspondiente.
Denuncias en dos niveles
Con estos procedimientos, México busca que los hechos sean investigados en los ámbitos federal y estatal de Estados Unidos. La Cancillería no anticipó delitos específicos ni posibles responsables, pues aclaró que las actuaciones se encuentran todavía en una etapa de investigación.
Esta fase permitirá reunir información, identificar posibles conductas ilícitas y definir posteriormente las acciones judiciales que puedan ejercerse de acuerdo con las leyes de ambos países.
La tercera medida contempla el envío de escritos de cese y desistimiento a centros de detención donde han fallecido mexicanos. El primer requerimiento fue dirigido a las instalaciones de Adelanto, California, donde la SRE reportó cuatro muertes de connacionales.
El documento exige detener inmediatamente acciones u omisiones que pudieron intervenir en esos fallecimientos. Entre los señalamientos se encuentran posibles impedimentos para obtener atención médica pronta y la aplicación de políticas incompatibles con estándares médicos y penitenciarios.
La Cancillería puntualizó que estos requerimientos son el primer paso formal antes de una eventual presentación de acciones civiles.
Solicitan revisión internacional
La cuarta acción fue dirigida a la Organización de las Naciones Unidas. El titular de la SRE envió una comunicación a Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para poner en su conocimiento las defunciones.
México solicitó que su oficina recabe información directamente de las autoridades estadounidenses y analice si las circunstancias de los casos son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
También pidió la elaboración de recomendaciones y el envío de la información a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.
Relaciones Exteriores reiteró que continuará brindando acompañamiento a las familias mediante la red consular. Además, sostuvo que el Gobierno mexicano actuará por las vías institucionales, judiciales y diplomáticas disponibles para defender los derechos de sus ciudadanos en el exterior.
