Por Staff:
BOGOTÁ, COLOMBIA, a 8 de septiembre de 2026.—El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció formalmente la firma de un decreto mediante el cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país. La medida busca modificar una restricción que se había mantenido de forma continua desde el año 2015, cuando fue adoptada inicialmente durante la administración del entonces mandatario Juan Manuel Santos y prorrogada de manera anual.
A través de sus canales oficiales, el jefe de Estado argumentó que durante años las políticas restrictivas afectaron únicamente a los ciudadanos que cumplen con el marco legal, mientras que los grupos delictivos continuaron armándose de manera ilícita. Con este nuevo ordenamiento, el gobierno pretende replantear la estrategia de seguridad ciudadana bajo el principio de distinguir entre la ciudadanía regulada y la delincuencia organizada.
Argumentos presidenciales y estadísticas de seguridad
Durante la presentación de la medida, el mandatario —quien cumple su primer año al frente del país— señaló que las verdaderas amenazas provienen de la ilegalidad. De acuerdo con las cifras oficiales compartidas por el Ejecutivo, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre se incautaron 15,700 armas de fuego, de las cuales 14,179 estaban vinculadas directamente con la comisión de ilícitos y actividades criminales.
El desglose de los decomisos gubernamentales detalla que cientos de estos artefactos pertenecían a estructuras armadas específicas: 980 vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Para el gobierno federal, el combate frontal debe dirigirse hacia ese poder de fuego ilegal, garantizando al mismo tiempo derechos diferenciados para quienes cumplen con las normativas vigentes.
Requisitos estrictos y garantías institucionales
El decreto presidencial establece que la flexibilización de la medida no representa una liberación indiscriminada del uso de armamento, sino que mantendrá controles estrictos, supervisiones rigurosas y requisitos obligatorios ante las autoridades competentes. Las personas que cumplan cabalmente con la ley contarán con garantías, mientras que los infractores enfrentarán a la fuerza legítima del Estado.
Finalmente, las autoridades reiteraron que el monopolio estatal sobre las armas, municiones de guerra y explosivos se mantiene firme bajo la premisa de armonizar la protección de la vida, la integridad personal y el orden público en todo el territorio nacional.
