Por Melisa Herrera
CANCÚN, QRoo, a 5 de octubre de 2026.- El sargazo dejó de ser una postal fea y se convirtió en pasivo económico. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que las cancelaciones, las reservas que se corren y el golpe a la imagen le cuestan al turismo de Quintana Roo 11 mil 500 millones de dólares al año, una cifra que equivale a 17 por ciento del producto interno bruto del estado.
El número lo puso sobre la mesa Enrique Lendo, coordinador en México de proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la cuarta Conferencia Unión Europea-Caribe Global Gateway sobre sargazo. El daño, dijo, no se queda en la ocupación: cuando la playa se ve mal, el hotel pierde recomendación, baja tarifa y se le complica la certificación.
Limpiar tampoco sale barato. Solo el sector privado gasta unos 150 millones de dólares al año en mantener presentable la zona hotelera de Cancún y la Riviera Maya. Por eso la apuesta oficial es atrapar el alga antes de que llegue: la Secretaría de Marina opera barreras y buques, y la hotelería organizada quiere que 90 por ciento se quede en el mar y solo 10 por ciento toque la costa.
Opciones para su manejo
El problema se muda de lugar. Esa biomasa hay que guardarla o usarla. El organismo de la ONU ve dos caminos: un confinamiento controlado, con el riesgo de que el sargazo trae arsénico y metales pesados y pide rellenos con regla propia, o convertirla en fertilizante, bioestimulante y biogas. Ninguna de las dos corre hoy a escala comercial. Lo que existe vive de subsidio de banca multilateral o de gobiernos.
Lendo propuso copiar el molde de la frontera. Tras el Tratado de Libre Comercio, México y Estados Unidos pusieron 50 millones de dólares cada uno en el Banco de Desarrollo de América del Norte, con la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, para armar obras de agua y residuos que sí pudieran financiarse. La idea es una plataforma que ayude a municipios, estados y empresas a llevar proyectos de sargazo a la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Europeo de Inversión, con financiamiento combinado, garantías y bonos de carbono.
En la región, el mismo programa de la ONU administra el Convenio de Cartagena, con 25 países del Gran Caribe, México incluido, y un grupo de trabajo desde 2019 para ponerse de acuerdo en cómo recoger y procesar. Lo que no hay, admitió Lendo, es un mecanismo que se quede entre conferencia y conferencia para juntar la tecnología, la demanda local y el dinero.
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