Ciudad de México, 25 de febrero de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes su iniciativa de Reforma Electoral, una propuesta integral que plantea modificar la integración del Congreso de la Unión, reducir el gasto electoral y fortalecer los mecanismos de fiscalización, con el objetivo de hacer más eficiente, transparente y austero el sistema democrático del país.
La presentación oficial estuvo a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien explicó los alcances del proyecto en diez ejes, de acuerdo con el material mostrado durante el acto público.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la reconfiguración del Congreso de la Unión. La propuesta establece que la Cámara de Diputados mantendrá 500 integrantes, todos electos mediante votación directa.
De ellos, 300 diputados serán elegidos por distrito electoral bajo el principio de mayoría relativa, mientras que 200 diputaciones conservarán el esquema de representación proporcional, ajustado a la legislación electoral vigente. De este bloque, se contempla la asignación de espacios a los mejores perdedores por partido y la inclusión de diputaciones migrantes para mexicanos residentes en el extranjero.
En el caso del Senado, se mantiene una integración de 96 senadurías, distribuidas entre mayoría relativa y primera minoría.
Reducción del gasto electoral
La iniciativa también plantea una reducción significativa del gasto público en materia electoral. Entre las medidas destacan:
- Disminución del 25 % en el costo de las elecciones, que involucra al Instituto Nacional Electoral, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales.
- Recorte de sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego al artículo 127 constitucional.
- Eliminación de duplicidad de funciones en órganos electorales.
- Reducción del gasto del Congreso Federal y congresos locales.
- Ajuste en el número de regidurías municipales conforme a la población, con un tope máximo de 15.
Mayor fiscalización
Otro eje relevante es el fortalecimiento de la fiscalización. La reforma propone que el INE tenga acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos políticos y personas candidatas.
Además, se prohíben las aportaciones en efectivo, estableciendo que todos los recursos deberán manejarse dentro del sistema financiero, lo que permitirá mayor trazabilidad y control. También se contempla el uso de tecnologías para reforzar los procesos de revisión y vigilancia del financiamiento político.
Durante la exposición, la secretaria de Gobernación subrayó que la propuesta busca modernizar el sistema electoral, reducir costos excesivos y cerrar espacios a prácticas irregulares, sin afectar la representación democrática ni los derechos políticos de la ciudadanía. La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y discusión en el próximo periodo legislativo.
