Por Melisa Herrera
CANCÚN, QRoo, 7 de abril de 2026.- Las deficiencias que han vivido más de 4,700 familias por años en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey comenzaron a ser atendidas por autoridades estatales y municipales, luego del fallo emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
La resolución judicial responde a una problemática que por más de una década ha afectado a miles de habitantes, quienes enfrentan fallas en drenaje, deficiencias en el suministro de agua y condiciones de inseguridad derivadas de infraestructura inconclusa.
Mónica Huerta Solís, representante jurídica de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), informó tanto el gobierno municipal como el estatal ya notificaron a sus dependencias para iniciar el cumplimiento del fallo.
La organización civil precisó que el fallo judicial firme obliga a autoridades municipales y estatales, así como a la empresa desarrolladora, a atender las graves deficiencias de infraestructura en el Fraccionamiento Urbi Villas del Rey, donde por más de una década miles de familias han vivido entre aguas negras, falta de servicios básicos y condiciones insalubres.
Vecinos relataron que, aunque adquirieron sus viviendas desde 2012, los problemas comenzaron pocos años después debido a un proyecto inconcluso iniciado desde 2009.
Dependencias dan trámite
Hasta ahora, entre las instancias que han dado respuesta se encuentra la Secretaría Municipal de Ecología, que confirmó la recepción de la sentencia y emitió un oficio a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).
El objetivo es que esta dependencia inicie el procedimiento correspondiente contra la empresa desarrolladora, señalada por no concluir las obras de infraestructura necesarias para el adecuado funcionamiento del fraccionamiento.
Sin embargo, la respuesta formal de Sedetus aún está pendiente, pese a ser clave para determinar las acciones legales y administrativas a seguir.
Uno de los puntos centrales del fallo es la posible ejecución de una fianza superior a 12.7 millones de pesos, en caso de que la constructora incumpla con las obligaciones establecidas.
Sin embargo, la empresa desarrolladora no ha emitido postura, pese al plazo de tres días otorgado por el tribunal, lo que abre la posibilidad de que el Estado intervenga directamente.
De ser así, las autoridades podrían asumir la realización de las obras en un periodo no mayor a seis meses, con el objetivo de restablecer servicios básicos y condiciones de habitabilidad.
