Chetumal, Quintana Roo.- La Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión del Estado, propuesta por la gobernadora Mara Lezama como respuesta a las diversas modalidades del delito y su creciente afectación a la sociedad de Quintana Roo, fue aprobada este miércoles por los diputados pleno de la XVIII Legislatura.
La ley se armoniza con la legislación federal vigente desde noviembre pasado, y entre otras cosas establece que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) deberá definir, en un plazo máximo de seis meses, una Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión y sus distintas modalidades.
Creación de fiscalía especializada y centro estatal de denuncias
También se crea una Fiscalía Especializada para perseguir este delito, a través de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Esta área será independiente de la Fiscalía Antisecuestro, que actualmente atiende las carpetas de investigación abiertas.
La norma ordena además instalar un Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión. Su función será implementar los mecanismos y procedimientos para la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de las carpetas de investigación por estos delitos, así como orientar e informar a la población sobre acciones preventivas.
Las distintas modalidades del delito se perseguirán de oficio. Asimismo, se derogan los tipos penales en el Código Penal estatal para remitirlos a las conductas, sanciones y agravantes previstas en la Ley General correspondiente, donde se contemplan penas de hasta 42 años de prisión.
Todas estas políticas y acciones se coordinarán a través del Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión, que será creado y estará presidido por la persona titular del Poder Ejecutivo. También lo integrarán los titulares de las presidencias de la Legislatura y del Tribunal Superior de Justicia, así como los presidentes, y las presidentas municipales, la Fiscalía General del Estado (FGE) y diversas secretarías y organismos del gobierno estatal, entre ellos Turismo, Desarrollo Económico, Movilidad y la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo.
La iniciativa, aprobada por unanimidad, señala que la armonización de normas penales, administrativas y de coordinación interinstitucional permitirá atender de manera urgente y efectiva la problemática creciente de la extorsión en el estado. “Porque la armonización no es sólo un mandato constitucional sino una necesidad urgente, ante la magnitud del daño social que este delito provoca”, se indica en el sustento jurídico de la ley.
