Ciudad de México, a 26 de enero de 2026.- El Órgano de Administración Judicial (OAJ), encabezado por Néstor Vargas Solano, otorgó un contrato por 252 millones de pesos para la adquisición de 571 vehículos, bajo un esquema de adjudicación directa, sin que exista evidencia pública de un análisis técnico del parque vehicular a renovar ni de un estudio de mercado que justificara la asignación sin licitación.
En los archivos oficiales del Gobierno federal, la dependencia no identifica de manera clara a la empresa beneficiada con este contrato, a pesar del monto involucrado y del impacto presupuestal que representa.
El Pleno del Órgano de Administración Judicial sostuvo que la sustitución del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación responde a fallas recurrentes en las unidades actuales. Sin embargo, en el boletín difundido el 23 de enero, no se anexaron documentos técnicos, financieros, operativos ni de seguridad que respalden dicha afirmación.
Tampoco se presentó un inventario detallado de los vehículos que serían sustituidos, su estado mecánico, antigüedad o costos de mantenimiento, lo que impide verificar la necesidad real de la renovación.
La empresa beneficiada con el contrato sería Jet Van Car, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos.
Según esta versión, la empresa habría recibido los 252 millones de pesos para suministrar 571 vehículos de distintos tipos, destinados a directivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin infraestructura
Del total de unidades adquiridas, 124 son híbridas y/o eléctricas. No obstante, el OAJ no detalló los costos asociados a la carga eléctrica, ni el impacto presupuestal del consumo energético que implicará su operación.
Además, la dependencia no cuenta actualmente con la infraestructura necesaria para la instalación de cargadores, de acuerdo con un trabajador del Órgano de Administración Judicial, lo que plantea dudas sobre la viabilidad operativa y financiera de estas unidades.
Jet Van Car ha estado vinculada desde su origen al panismo y comenzó su expansión en el mercado de contratos públicos durante el gobierno de Felipe Calderón.
Entre 2010 y 2026, la empresa ha sido beneficiaria de 825 contratos federales, que en conjunto suman más de 19 mil 384 millones de pesos, según datos del portal Compras MX.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la empresa fue inhabilitada por incumplir contratos con el gobierno federal. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías millonarias en sus operaciones y dio vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para investigar posibles irregularidades fiscales.
Pese a estos antecedentes, el Órgano de Administración Judicial no transparentó los criterios de selección del proveedor, ni explicó por qué se optó por una adjudicación directa, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad, eficiencia y oportunidad del gasto público.
Hasta el momento, el OAJ no ha presentado un reporte claro y verificable de los vehículos que serán sustituidos ni ha hecho públicos los documentos que respalden la decisión de otorgar este contrato millonario.
