Por Melisa Herrera
CANCÚN, QRoo., a 29 de mayo de 2026.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue exonerado por un juez federal de los cargos de delincuencia organizada, por lo que en próximas horas podría ser excarcelado para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria.
Fuentes allegadas a la familia confirmaron que, tras quedar sin efecto el cargo de delincuencia organizada —ilícito que por ley prevé la prisión preventiva oficiosa y prohíbe cualquier beneficio de confinamiento residencial—, el exmandatario estatal podría hacer efectiva la sustitución de la medida cautelar penal por el único delito federal que aún mantiene vigente: operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Dado que el lavado de dinero permite constitucionalmente el seguimiento del curso judicial fuera de un centro penitenciario mediante el uso de mecanismos de vigilancia —como el brazalete electrónico y el resguardo domiciliario—, la defensa legal de Borge Angulo habría iniciado los trámites correspondientes para su traslado.
Trascendió que el exgobernador se encuentra actualmente bajo rigurosos chequeos médicos previos en el estado de Morelos, un requisito indispensable antes de que pueda retirarse formalmente del penal y viajar a Cozumel, donde se reunirá con su familia para cumplir con el resguardo.
Con esta resolución, Borge Angulo se convertiría en el segundo exgobernador quintanarroense en la historia reciente en encontrarse bajo el régimen de prisión domiciliaria, una condición de reclusión intermedia que actualmente también cumple el exmandatario Mario Villanueva Madrid.
¿Recuerdas el caso?
Roberto Borge Angulo, quien gobernó Quintana Roo en el periodo 2011-2016, fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a París, Francia. Tras completarse el proceso de extradición en enero de 2018, fue ingresado a territorio mexicano para responder ante la justicia federal y local.
La Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades ministeriales del estado imputaron al exgobernador diversos delitos graves relacionados con el ejercicio de su función pública. Entre las principales acusaciones que lo mantuvieron en prisión durante casi nueve años destaca el remate del patrimonio estatal, mediante el desvío y enajenación de 24 terrenos de la reserva territorial de la entidad que equivalían a extensiones prioritarias en zonas turísticas, los cuales fueron vendidos a familiares y prestanombres a precios estimados en hasta un uno por ciento de su valor comercial real.
