NUEVA YORK, EU., a 17 de agosto de 2026.— El estatus penitenciario de Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, registró un cambio en Estados Unidos, pues su nombre ya no aparece bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), de acuerdo con una revisión de los registros de esa institución divulgada este lunes.
La modificación puede responder a distintos escenarios: una liberación, un traslado a una prisión que no dependa de la BOP o la entrega a otra agencia federal. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad estadounidense ha informado públicamente dónde se encuentra el exfuncionario ni cuál es su nueva situación jurídica. A principios de agosto todavía figuraba recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
¿Un acuerdo con las autoridades estadounidenses?
El cambio alimentó versiones sobre una posible negociación de Mérida Sánchez con los fiscales de Estados Unidos y su eventual colaboración como informante. No obstante, dejar de aparecer en el localizador de la BOP no demuestra por sí mismo que exista un acuerdo, una declaración de culpabilidad o un convenio para aportar información; hasta el momento no hay confirmación oficial ni documentos judiciales públicos que acrediten alguna de esas posibilidades.
La incertidumbre aumentó después de que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York retiró del calendario la audiencia prevista para el 4 de agosto, sin anunciar una nueva fecha. El aplazamiento y la posterior modificación del registro penitenciario han reforzado las conjeturas sobre conversaciones con la Fiscalía, aunque el proceso permanece sin novedades oficiales conocidas.
Se entregó en Estados Unidos durante mayo
Gerardo Mérida Sánchez se entregó a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo de 2026, tras cruzar por la garita de Nogales hacia Arizona. Posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde compareció ante una corte federal y se declaró no culpable. El militar retirado encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.
La justicia estadounidense lo acusa de conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con ametralladoras y artefactos destructivos. Los fiscales sostienen que habría recibido sobornos de integrantes de Los Chapitos a cambio de advertirles sobre operativos policiales, señalamientos que todavía deben probarse ante un tribunal. De ser declarado culpable de los cargos más graves, podría recibir entre 40 años de cárcel y cadena perpetua.
