Por Melisa Herrera
TULUM, QRoo., a 29 de junio de 2026.- El Gobierno de México negocia un acuerdo con la empresa estadounidense Vulcan Materials, matriz de Calica, para poner fin al prolongado litigio internacional y evitar el pago de una millonaria indemnización. La propuesta contempla permitir la extracción de material pétreo en un predio distinto, con un volumen menor, además de dar nuevos usos al puerto de Punta Venado.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes, durante su conferencia matutina, que diversas dependencias federales analizan la viabilidad del acuerdo.
“No podrían seguir explotando ahí donde llegaron a explotar. En este momento el puerto está cerrado”, señaló la mandataria.
Explicó que el posible convenio también incluiría la remediación ambiental de la antigua cantera por parte de la empresa. En caso de no alcanzarse un entendimiento, el proceso de arbitraje internacional continuará.
¿Cómo se originó el conflicto?
El diferendo se originó en la década de los ochenta, cuando Calizas Industriales del Carmen (Calica) obtuvo concesiones para explotar piedra caliza en más de 2 mil hectáreas cercanas a Playa del Carmen.
Durante casi cuatro décadas, la compañía exportó millones de toneladas de material, principalmente hacia Estados Unidos, actividad que fue señalada por generar deforestación de la selva maya, afectaciones a cenotes, contaminación de mantos acuíferos y modificaciones al paisaje costero.
En 2018, Vulcan Materials inició un procedimiento de arbitraje al amparo del entonces TLCAN, hoy T-MEC, reclamando más de mil 500 millones de dólares por las restricciones impuestas a sus operaciones.
Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, las instalaciones fueron clausuradas por presuntas violaciones ambientales y, posteriormente, en 2024, los terrenos fueron incorporados a una Área Natural Protegida (ANP), medida que impide la continuidad de las actividades mineras.
La empresa rechazó las propuestas de compra realizadas por el gobierno mexicano y sostuvo que las decisiones constituyen una expropiación indirecta, postura que incluso generó pronunciamientos de legisladores estadounidenses y tensiones en el contexto de las discusiones rumbo a la revisión del T-MEC.
¿Qué es lo que se busca?
Sheinbaum reiteró que no existió una expropiación formal, sino un decreto de protección ambiental. La propuesta que actualmente se analiza busca compatibilizar la protección de los recursos naturales con la continuidad de una actividad económica limitada, además de convertir Punta Venado en un puerto con usos múltiples y obligar a la empresa a restaurar ambientalmente las zonas afectadas.
De acuerdo con la mandataria, en las negociaciones participan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Economía y el Gobierno de Quintana Roo.
Especialistas consideran que este diálogo representa uno de los principales esfuerzos de la nueva administración para resolver uno de los conflictos más relevantes entre México e inversionistas extranjeros, manteniendo el equilibrio entre la protección ambiental y la certidumbre jurídica.
