Por Melisa Herrera
Cancún, Q. Roo, a 22 de enero de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que además del litigio legal contra la empresa Aguakan, operadora de agua potable y alcantarillado en la zona norte de Quintana Roo, se explora la posibilidad de comprarle el título de concesión.
Durante la conferencia mañanera, realizada en Puebla, al ser cuestionada la mandataria acerca del estado actual del caso, luego de ya casi dos años del pleito en tribunales, respondió que analizan dos rutas para abordar en caso: investigar el otorgamiento de la concesión y explorar una compra acordada.
“Se está analizando tanto el proceso en el que se le dio la extensión de la concesión de esta empresa, como la posibilidad, incluso, de comprar la concesión. Se le ha planteado la empresa, lo que pasa es que los precios pues son muy muy altos. Llegaron incluso plantear cerca de 12 mil millones, pues eso sería absurdo pagarlo, entonces está trabajando en las dos vías”, dijo.
Otro tema que se analiza al respecto es quién o qué organismo operaría la concesión una vez que se logre el objetivo, lo cual se está trabajando con la gobernadora Mara Lezama.
La presidenta de México dijo que el tema lo ha abordado su administración desde mediados del año pasado y recordó que también se trabajó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Antecedente
El 11 de noviembre del 2014, la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó prorrogar anticipadamente a favor de Aguakan, hasta 2053, la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.
En esa misma sesión, se incorporó al título de concesión el servicio para el municipio de Solidaridad, hoy renombrado como Playa del Carmen. En ambos casos, se determinó la vigencia de la concesión hasta el 31 de diciembre del 2053.
A propósito de esta concesión, la entonces alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, recordó que durante el mandato de Roberto Borge Angulo, como gobernador de Quintana Roo, y Mauricio Góngora, como presidente municipal de Solidaridad, se otorgó este contrato hasta el año 2053, “de espaldas a la ciudadanía y en violación a disposiciones municipales que tajantemente prohíben concesionar servicios básicos como el agua potable”.
Entre las disposiciones locales que se violaron, mencionó, está el Artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal.
Además, el contrato no se licitó, sino que se le asignó de manera directa a la empresa, lo cual, dijo, constituye una ilegalidad, con base en el artículo 122 de la Ley de Agua Potable de Quintana Roo, que obliga a licitar una concesión como la que se adjudicó de manera directa a Aguakan en 2014.
Investigan a exfuncionarios
A cambio de la concesión, Aguakan pagó una contraprestación de mil 050 millones de pesos, que fueron entregados a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la cual entregó el dinero íntegramente a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de donde desaparecieron. Esto constituye una de las líneas de investigación contra ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, recordó Beristain Navarrete.
Puerto Morelos fue otro de los municipios que intentó cancelar la concesión de agua potable a Aguakan, pero posteriormente desistió en su intento.
Actualmente, Aguakan se encuentra amparada tras lograr la suspensión definitiva del decreto 195 aprobado por el Congreso de Quintana Roo a finales de 2023 que canceló la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado que opera esta empresa desde 1990.
