CIUDAD DE MÉXICO, a 15 de septiembre de 2026.— Frenar la pérdida de bosques y selvas, proteger los manglares, combatir la tala ilegal y reducir los incendios relacionados con actividades agropecuarias forman parte de una nueva ruta ambiental que busca atender algunos de los principales problemas que enfrentan los ecosistemas de México.
El Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares quedó publicado este 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación y establece 10 directrices para orientar acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable.
El pacto fue firmado inicialmente el 4 de septiembre por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con la participación de comunidades y representantes del sector privado. La presentación estuvo encabezada por la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, y contó con la participación del director general de Conafor, Sergio Graf Montero. Jalisco se convirtió entonces en el primer estado en suscribirlo.
El tamaño del reto se refleja en las cifras. México tiene 138.7 millones de hectáreas de ecosistemas forestales, equivalentes al 71 por ciento de su territorio. En esas regiones viven cerca de 11.9 millones de personas distribuidas en más de 103 mil localidades.
Tala ilegal e incendios, entre los frentes
Una de las líneas de acción busca fortalecer la comercialización de productos forestales de origen legal para reducir el mercado de madera obtenida mediante tala clandestina.
Otra plantea mejorar el manejo del fuego y prevenir incendios forestales originados por actividades agropecuarias, además de ampliar las acciones de restauración y reforestación en bosques y selvas.
Los manglares cuentan con una directriz específica para su conservación y recuperación, mientras que los sectores agrícola y ganadero deberán participar en esquemas de producción que eviten nuevas pérdidas de cobertura forestal.
El acuerdo también contempla fortalecer la silvicultura comunitaria, impulsar empresas forestales encabezadas por mujeres y desarrollar cadenas de valor que permitan generar ingresos sin deteriorar los recursos naturales.
Otro eje será el pago por servicios ambientales, mediante programas destinados a respaldar la conservación de zonas importantes para el abastecimiento de agua y la biodiversidad.
La participación de las comunidades tendrá un peso particular. De acuerdo con el documento, una parte significativa de la vegetación forestal se encuentra en 16 mil 953 ejidos, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
También se plantea simplificar y modernizar los trámites para que ejidos, comunidades y pequeños propietarios puedan realizar aprovechamientos sustentables con menos obstáculos administrativos.
El siguiente paso será traducir las 10 directrices en convenios concretos con gobiernos estatales y municipales, comunidades y sectores productivos, donde deberán quedar definidos los recursos, responsabilidades y mecanismos para medir resultados.
