ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX., a 6 DE FEBRERO DE 2026.— Un juez de control adscrito al Centro de Justicia del penal federal del Altiplano decretó este viernes prisión preventiva justificada contra Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, detenido un día antes por fuerzas federales en el marco de investigaciones por su presunta relación con delincuencia organizada, informaron autoridades judiciales.
Durante la audiencia de imputación, celebrada en el penal federal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó al edil los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, de acuerdo con la información expuesta ante el juez de control.
Según los señalamientos del Ministerio Público Federal, Rivera Navarro presuntamente habría ordenado la privación ilegal de la libertad de dos precandidatos de Morena en 2021, con el objetivo de obligarlos a renunciar a la contienda interna por la presidencia municipal de Tequila.
De acuerdo con versiones difundidas por medios nacionales que tuvieron acceso al expediente judicial, las víctimas habrían sido retenidas durante varias horas en un cuarto, donde habrían sido presionadas para firmar documentos de renuncia, hechos que forman parte de las líneas de investigación federales y no han sido aún determinados como probados por una autoridad judicial.
El juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el alcalde permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica. En caso de ser vinculado a proceso, dicha medida podría mantenerse durante el desarrollo del juicio.
Coimputados y otras líneas de investigación
En la misma causa penal, la FGR también imputó a Juan Manuel Pérez Sosa, exdirector de Seguridad Pública del municipio, y a Juan Gabriel Toribio Villarreal, exdirector de Catastro y Predial de Tequila, ambos por el delito de delincuencia organizada, conforme a los datos presentados por la autoridad ministerial.
Las investigaciones federales incluyen además líneas relacionadas con presuntas prácticas de extorsión y posibles irregularidades administrativas dentro de la gestión municipal, de acuerdo con información judicial y reportes de autoridades citados por medios nacionales. Estos señalamientos continúan bajo análisis ministerial y no han sido resueltos de manera definitiva por el Poder Judicial.
Durante la diligencia, Diego Rivera Navarro se reservó su derecho a declarar, mientras que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo martes cuando el juez determine si el alcalde y los demás imputados son vinculados a proceso.
La audiencia se desarrolló en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, El Altiplano, donde el edil permanece bajo custodia federal.
