Por Staff
WASHINGTON D.C., EU., a 11 de agosto de 2026.— El gobierno de Donald Trump decidió cerrar la llave del financiamiento federal para determinados tratamientos de afirmación de género dirigidos a menores. A partir de octubre, los estados no podrán utilizar fondos federales de Medicaid y CHIP para cubrir cirugías, hormonas, bloqueadores de la pubertad y otras intervenciones relacionadas con la transición.
La medida comenzará a aplicarse el 13 de octubre de 2026 y representa un nuevo capítulo en la estrategia de la administración republicana para limitar el acceso de menores a tratamientos de transición de género.
La decisión fue respaldada públicamente por Trump, quien ha sostenido que los recursos de los contribuyentes no deberían utilizarse para pagar procedimientos de este tipo en menores. Su administración ha utilizado el término “sex-rejecting procedures” para referirse a estas intervenciones y ha defendido la restricción como una medida de protección infantil.
Entre los servicios afectados están los bloqueadores de la pubertad, hormonas y procedimientos quirúrgicos. La regla, sin embargo, contempla diferencias entre los tratamientos y establece un periodo de transición para algunos pacientes que reciben terapia hormonal. La atención de salud mental relacionada con la disforia de género permanecerá cubierta.
La Casa Blanca y el Departamento de Salud argumentan que existe preocupación por los posibles efectos irreversibles y riesgos a largo plazo de estas intervenciones. HHS ya había publicado una revisión de la evidencia médica en 2025 en la que expresó dudas sobre la calidad de los estudios disponibles y señaló posibles riesgos asociados con determinados tratamientos.
¿Podrían llegar a tribunales?
Pero del otro lado ya se prepara la respuesta. Defensores de los derechos de las personas trans y organizaciones médicas han criticado la decisión y advierten que retirar el financiamiento federal puede dificultar el acceso a atención para jóvenes que dependen de Medicaid. La nueva política también podría terminar en los tribunales.
El cambio tampoco obliga automáticamente a los estados a dejar de financiar estos servicios. Algunos gobiernos estatales podrían mantener la cobertura utilizando recursos estatales, aunque eso dependerá de sus propias leyes y presupuestos.
Así, lo que comenzó como una promesa política de Trump se convierte ahora en una nueva batalla sobre salud, derechos, financiamiento público y autoridad estatal. Mientras la administración defiende que está protegiendo a los menores, sus críticos sostienen que está bloqueando tratamientos médicos; y con las elecciones intermedias cada vez más cerca, el tema promete seguir encendiendo la política estadounidense.
