Por Melisa Herrera
CANCÚN, Q. Roo, a 18 de mayo de 2026.- Durante la primera Asamblea Comunitaria celebrada en Santa María Chi, Yucatán, comunidades mayas acordaron adherirse a la resolución 4/2025 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y avanzar en la creación de una alianza peninsular, en medio de la controversia por el uso de símbolos culturales mayas por parte de empresas turísticas, entre ellas Grupo Xcaret.
La resolución 4/2025 de la SCJN aborda la representación legítima de pueblos indígenas en litigios relacionados con el uso de símbolos, ceremonias y elementos culturales mayas. Con este acuerdo, en Santa María Chi comenzaron formalmente los trabajos de consulta en 573 comunidades mayas del estado de Yucatán.
El proceso deriva de la resolución vinculada al juicio de amparo indirecto 1649/2024, radicado en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. El objetivo es que las comunidades definan mecanismos de adhesión y participación sobre los alcances del fallo relacionado con la representación colectiva y los derechos culturales indígenas.
Alcance
De acuerdo con los organizadores, las asambleas ya comenzaron en comunidades de Quintana Roo y Campeche, por lo que con el arranque en Yucatán el proceso quedó extendido en los tres estados de la Península.
La intención es consolidar una estructura regional de representación comunitaria que permita participar en futuros procesos jurídicos, culturales y de consulta relacionados con los derechos colectivos del pueblo maya y el litigio por el usufructo de símbolos culturales.
Durante la reunión comunitaria, los asistentes designaron como representantes a Pedro Manuel Nahuat Chalé y Wilbert Concepción Nahuat Chalé, además de nombrar como asesores jurídicos técnicos mayahablantes a Eymer Medrano Sánchez y Alfredo Caamal Huchin.
La Asamblea también acordó firmar un frente común y avanzar en la conformación de una Alianza Maya Peninsular junto con otras mil 20 comunidades de Quintana Roo y Campeche, con el objetivo de construir una figura jurídica regional que represente colectivamente a las comunidades mayas de la Península.
