Cancún, Qroo, a 23 de diciembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno presentar un informe sobre la revisión en curso al proceso de licitación de los vales electrónicos de despensa para trabajadores federales, ante señalamientos que ponen en duda el cumplimiento en la entrega oportuna de esta prestación y la condiciones económicas establecidas en el fallo.
Durante su conferencia matutina, la mandataria se refirió a las alertas sobre problemas en la distribución de las tarjetas, incluidos retrasos registrados recientemente en el ISSSTE y otras dependencias, lo que podría afectar la dispersión oportuna de esta prestación de fin de año.
Probable incumplimiento del contrato
El procedimiento, identificado como LA-06-400-006400001-N-19-2025, fue asignado a Servicios Broxel con una bonificación total de 5.76 por ciento, resultado de sumar el descuento de referencia del 2.75 por ciento fijado por la Secretaría de Hacienda y el 3.01 por ciento ofrecido por la empresa. De acuerdo con estimaciones oficiales, este esquema representaría un ahorro cercano a 600 millones de pesos para el gobierno federal.
No obstante, en la “mañanera” se denunció que la valera habría argumentado que la bonificación total prevista en el fallo no resulta viable como esquema de negocio y que, bajo ese planteamiento, únicamente podría aplicar el descuento del 3.01 por ciento, lo que generó cuestionamientos sobre el apego a las condiciones originalmente aprobadas en la licitación.
Ante este escenario, Sheinbaum pidió a la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, o en su caso a la Subsecretaría de Egresos, dar a conocer este mismo martes el estado que guarda la revisión del proceso y las determinaciones correspondientes.
El contrato, con un valor de hasta 10 mil 300 millones de pesos, forma parte de la compra consolidada de vales de despensa destinada a cerca de 700 mil trabajadores de 224 dependencias federales, uno de los procesos con mayor peso presupuestal y operativo en el cierre del ejercicio fiscal.
La revisión del procedimiento se activó tras la presentación de denuncias que apuntan a posibles inconsistencias técnicas en la licitación, riesgos en los plazos para la dispersión de 724 mil tarjetas en más de 2,200 puntos del país, así como a dudas en el cumplimiento de las condiciones económicas previstas en el fallo.
