CHETUMAL, Q. Roo, a 9 de abril de 2026.— El costo de los combustibles en la Península de Yucatán continúa por encima del promedio nacional, en un contexto donde organizaciones sindicales han comenzado a señalar la posible existencia de prácticas que limitan la competencia en el mercado, particularmente en Quintana Roo.
De acuerdo con estas agrupaciones, el encarecimiento de la gasolina en la región no solo responde a factores nacionales, sino a una dinámica local que, aseguran, ha permitido la concentración del suministro en manos de ciertos grupos empresariales. Entre ellos, mencionan a CorpoGas, consorcio que, según denuncias, tendría una participación relevante en la distribución de hidrocarburos en la entidad.
Señalan vínculos históricos de este corporativo con actores políticos del pasado, lo que —afirman— habría favorecido su consolidación en el mercado regional. En este contexto, refieren relaciones con figuras asociadas a gobiernos anteriores del PRI y del PAN, lo que ha sido parte de los señalamientos públicos recientes.
Impacto directo en familias y sectores productivos
De acuerdo con distintas denuncias, este consorcio controla alrededor del 64% del mercado de combustibles y lo vende en Quintana Roo entre 60 centavos y hasta 1.60 pesos por litro por encima del promedio nacional. Esta diferencia impacta de forma directa en actividades clave como el transporte y la construcción.
En particular, representantes del sector han advertido que el alza en costos de insumos, sumado al encarecimiento del traslado de materiales, podría reflejarse en incrementos de entre 10 y 15% en el precio de la vivienda en la entidad.
El tema no es reciente. En 2024, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la situación fue mencionada en conferencia matutina, donde se expuso el presunto control del mercado de combustibles en Quintana Roo. En ese momento, se informó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revisaría posibles irregularidades.
No obstante, hasta ahora no se han reportado cambios sustanciales en la estructura del mercado. Entre las alternativas planteadas por el gobierno federal se encuentra el desarrollo de infraestructura logística vinculada al Tren Maya para facilitar el abasto de combustibles, aunque este proyecto aún se encuentra en proceso.
Mientras tanto, el sobreprecio representa una carga económica constante para la población. De acuerdo con los cálculos presentados, algunas familias destinan hasta 2,000 pesos adicionales al mes en gasolina, lo que equivale a una parte significativa de su gasto básico.
Ante este panorama, sindicatos de la región anunciaron que presentarán denuncias formales ante la Profeco, con el objetivo de que se investigue el funcionamiento del mercado y, en su caso, se implementen medidas que permitan reducir los precios al consumidor.
