Dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor han reiterado su llamado a evitar aumentos injustificados
La discusión sobre el precio de la tortilla en México no puede entenderse únicamente desde la coyuntura, sino desde una tensión acumulada entre política pública, costos reales y estructura de mercado. En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó clara la postura del gobierno federal al afirmar que no existe ninguna razón económica que justifique un incremento en el precio de este alimento básico, al sostener que el maíz, principal insumo, se encuentra en niveles históricamente bajos. Bajo este planteamiento, cualquier alza respondería más a distorsiones en la cadena de comercialización que a fundamentos reales de costos. Esta posición se enmarca en una estrategia más amplia de contención inflacionaria que el gobierno ha impulsado desde el inicio de la actual administración, retomando mecanismos como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, diseñado para evitar incrementos en productos esenciales mediante acuerdos con productores, distribuidores y cadenas comerciales. En este contexto, dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor han reiterado su llamado a evitar aumentos injustificados, subrayando que existen condiciones suficientes para mantener estabilidad en los precios si se respeta la lógica de costos y se evitan prácticas abusivas.
Sin embargo, el problema de fondo trasciende la coyuntura y remite a una estructura de mercado profundamente concentrada que ha sido señalada por años sin una corrección de fondo. La cadena del maíz y la tortilla en México arrastra desequilibrios históricos donde la producción primaria, la industrialización de la harina y la comercialización final operan bajo dinámicas asimétricas. En ese entramado, el caso de Gruma se ha convertido en un punto crítico para entender porqué, incluso en escenarios de bajos costos del grano, los precios finales pueden mantenerse elevados o incluso incrementarse. La entonces Comisión Federal de Competencia Económica, a través de su Autoridad Investigadora, documentó niveles de concentración que en distintas regiones del país oscilaban entre el 50 y el 90 por ciento de participación de mercado en la venta de harina de maíz nixtamalizado durante varios años, lo que le otorgó a la empresa una capacidad significativa para influir en precios, condiciones comerciales y acceso al insumo. En algunos casos, la distancia frente a sus competidores más cercanos alcanzaba entre 22 y 80 puntos porcentuales, reflejando un dominio que prácticamente anulaba la competencia efectiva. Esta posición no solo impacta a los productores o distribuidores, sino directamente a miles de tortillerías que dependen de la harina para operar, limitando su margen de maniobra y su capacidad de trasladar eficiencias al consumidor final.
El diagnóstico de la autoridad llevó incluso a plantear una medida estructural de gran calado: la desincorporación de cinco de las 18 plantas de producción de la empresa en México, ubicadas en puntos estratégicos como Chalco, Culiacán, Río Bravo, Veracruz y Celaya, junto con su red de distribución y fuerza de ventas asociada, con el objetivo de abrir espacio a nuevos competidores y restablecer condiciones mínimas de competencia. Se trataba de una decisión que, de concretarse, habría modificado de manera sustancial la estructura del mercado. No obstante, el proceso concluyó sin sanciones económicas ni desinversiones, luego de que la autoridad aceptara compromisos propuestos por la propia empresa, centrados en ajustes contractuales con sus clientes, como la eliminación de cláusulas que pudieran interpretarse como exclusividad o compra obligatoria. Aunque en el papel estas medidas buscaban liberar a las tortillerías y permitirles elegir proveedor, en la práctica dejaron intactos los elementos centrales del dominio de mercado: la capacidad productiva, la red logística y la posición dominante de la empresa.
Este desenlace generó cuestionamientos sobre la efectividad real de la política de competencia en sectores estratégicos, particularmente cuando se trata de insumos básicos para la alimentación. El hecho de que una empresa conserve una participación tan elevada en un mercado clave implica que, incluso en ausencia de incrementos en el costo del maíz, pueden existir presiones al alza en los precios derivados de decisiones empresariales o de la falta de alternativas reales para los compradores. La propia autoridad había identificado que los precios de la harina podían ubicarse en promedio hasta un 10 por ciento por encima de los de competidores, una diferencia que termina trasladándose al consumidor en forma de tortillas más caras. En un país donde el consumo anual per cápita de tortilla supera los 65 kilogramos y donde este alimento está presente en más del 80 por ciento de los hogares, cualquier distorsión en su precio tiene implicaciones económicas y sociales de gran alcance.
A ello se suma el contexto reciente en el que actores del sector han advertido posibles incrementos de entre dos y cuatro pesos en el precio de la tortilla, lo que contrasta con la narrativa oficial de estabilidad y evidencia la desconexión entre los objetivos de política pública y la realidad operativa del mercado. La respuesta del gobierno ha sido reforzar la interlocución con productores, comercializadores y cadenas de autoservicio, así como insistir en que no se permitirá que factores externos o coyunturales sean utilizados como pretexto para elevar precios de manera injustificada. Paralelamente, se ha planteado fortalecer la agenda de competencia económica y avanzar en esquemas de financiamiento y bancarización productiva que complementen la política monetaria del Banco de México, en un intento por atacar la inflación desde sus causas estructurales, y ya en el tema en lo que se sabe están los titulares de Agricultura y Desarrollo Rural, y representantes de la Profeco, Cofepris, la Secretaría de Economía.
El caso de Gruma, lejos de cerrarse con la resolución administrativa, se mantiene como un referente de los límites actuales para corregir mercados altamente concentrados. A pesar de evitar sanciones y desinversiones, la empresa enfrentó reacciones en los mercados financieros, con caídas en el valor de sus acciones tras la publicación del dictamen preliminar, reflejando la sensibilidad de los inversionistas ante la posibilidad de cambios regulatorios más severos. Al mismo tiempo, la compañía ha continuado con estrategias de expansión, inversión y refinanciamiento de deuda, lo que confirma que su posición dominante no ha sido alterada de manera sustancial. Este contraste entre fortaleza corporativa y cuestionamientos regulatorios refuerza la percepción de que el problema de fondo sigue sin resolverse.
En este escenario, la discusión sobre el precio de la tortilla no puede reducirse a si el maíz sube o baja. El Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), se justifica por el incremento de insumos para la producción del alimento. La evidencia apunta a que el verdadero desafío está en garantizar condiciones de competencia efectiva en toda la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización. Mientras esto no ocurra, cualquier esfuerzo por contener precios enfrentará límites estructurales, y el riesgo de incrementos injustificados seguirá latente. La postura del gobierno, al rechazar aumentos sin fundamento, marca una línea clara en el discurso, pero su efectividad dependerá de la capacidad institucional para intervenir en mercados concentrados y corregir distorsiones que, como en el caso de la harina de maíz, llevan años impactando directamente el bolsillo de los consumidores mexicanos. Pero incluso pensando como dicen que el aumento es por factores estructurales del mercado, ¿no se supone que se tienen expertos para enfrentar costos operativos?. La justificación de ahora podría ser su condena porque entonces no se disminuyó el precio del alimento cuando el costo operativo era más bajo. Malas decisiones, malas justificaciones, continuaremos con el tema.
Nombramiento ALIDE
En el marco de la reunión del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, el director general de Nacional Financiera y Bancomext, Roberto Lazzeri Montaño, asumió la vicepresidencia del organismo para el periodo 2025 a 2027, fortaleciendo la presencia de México en la banca de desarrollo regional. Con sede en Lima, Perú, ALIDE tiene como misión impulsar el desarrollo económico y social mediante el financiamiento de proyectos sostenibles, el intercambio de conocimientos y la promoción de mejores prácticas, agrupando actualmente a 60 instituciones de más de 20 países de América Latina y el Caribe, además de contar con presencia en otras regiones. Desde esta nueva posición se buscará promover la integración productiva, fortalecer las capacidades industriales y ampliar la participación de pequeñas y medianas empresas, en un contexto en el que México, miembro desde 1974, mantiene un papel activo a través de la coordinación de Nacional Financiera con Bancomext, Banobras y la Sociedad Hipotecaria Federal, consolidando una estrategia regional orientada a soluciones financieras productivas bajo un esquema institucional encabezado por Juan Cuattromo y con una vicepresidencia también ocupada por Aloizio Mercadante.
Voz en Off
Con la novedad de que el presidente de la Asociación de Profesionales de Cobranza y Servicios Jurídicos (APCOB), Alan Ramírez, acaba de ser reconocido en la edición 2026 de IESE40under40 por la IESE Business School, como uno de los 40 emprendedores más relevantes. Se trata de una distinción a exalumnos fundadores menores de 40 años, de una red global de más de 60,000 que están impulsando empresas innovadoras. Además, se valora su capacidad para estimular el crecimiento con un impacto medible.
La IESE Business School indicó que los 40 galardonados fueron seleccionados tras un riguroso proceso de evaluación que analizó la viabilidad, escalabilidad, innovación y contribución social de sus emprendimientos. Alan Ramírez al mismo tiempo que preside la APCOB, dirige el Grupo Empresarial Coperva. La ceremonia especial de entrega de premios se llevará a cabo en el campus de IESE en Barcelona el 12 de mayo del presente año…
