Por Melisa Herrera
CANCÚN, QRoo, a 31 de marzo de 2026.– La Jueza Primera de Distrito con sede en Chetumal, Eugenia Maritza Valencia Hernández, ordenó la suspensión de la clausura aplicada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a los trabajos anticipados de demolición y vertido de escombros para el proyecto Perfect Day en Mahahual.
Se trata de la misma “jueza del acordeón” que semanas atrás rechazó tres demandas de amparo presentadas por ciudadanos habitantes de Mahahual contra el cambio de usos de suelo, demostrando su mala fe inclusive con el uso de criterios legales contradictorios entre sí para negarles el acceso a la justicia.
La resolución se da el mismo día que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lleva cabo una consulta pública sobre el proyecto con la comunidad de Mahahual.
Ahora, la Juez, de manera solícita atendió el amparo promovido contra la clausura que aplicó la Profepa y otorgó una suspensión definitiva contra ella, poniendo los intereses económicos de la naviera Royal Caribbean por encima del derecho de la comunidad a un medio ambiente sano y al principio de protección prioritaria de la naturaleza.
Amparo fue promovido por empresa vinculada al proyecto
La demanda de amparo contra la clausura aplicada por la Profepa fue presentada el 26 de febrero pasado por medio de la empresa Promociones Turística Mahahual, socio de la naviera que actuó como su testaferro en este procedimiento legal.
Esta empresa es la misma que solicitó el cambio de usos de suelos para el proyecto Perfect Day junto con la razón social Cielo Asoleado, la misma que presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la obra, por lo que ambas son firmas de la naviera Royal Caribbean para realizar sus actividades operativas en Mahahual.
Apenas el 27 de marzo se realizó la audiencia incidental y la “jueza del acordeón” resolvió otorgarles la suspensión definitiva contra la clausura que realizó la Profepa el último día de enero, con base en el número de expediente PFPA/29.1/3S.4/0001-2026.
Con ello, la Juez desestimó que la Profepa actuó con base en una denuncia ciudadana y una inspección que confirmó actos de demolición realizados sin autorización ambiental respectiva, así como vertido de escombros en sitios no autorizados y excavaciones y rellenos en área de manglar, en una superficie de 17 mil 115 metros cuadrados.
