CIUDAD DE MÉXICO, a 8 de enero de 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR) revocó el acuerdo mediante el cual había determinado no ejercer acción penal a favor del empresario Adolfo del Cueto Aramburu, señalado en declaraciones ministeriales relacionadas con la trama de presuntos sobornos vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, informó Proceso.
La decisión ministerial reactivó formalmente la carpeta de investigación en su contra, lo que llevó al empresario a promover un juicio de amparo para impugnar la revocación.
Revocación reactiva investigación
De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio, la revocación dejó sin efectos un acuerdo previo fechado el 17 de febrero, mediante el cual se había decretado el no ejercicio de la acción penal. La determinación fue emitida el 26 de septiembre por una autoridad de la FGR.
Como consecuencia, la indagatoria volvió a quedar activa, aunque el contenido específico de la investigación no ha sido hecho público por la autoridad ministerial.
En los autos del juicio de amparo 1033/2025 se ordena integrar un oficio remitido por una agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación C-6 de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, sin que se detallen los alcances de esa actuación.
El litigio continúa abierto. Un tribunal colegiado admitió el recurso de revisión promovido por Del Cueto Aramburu, por lo que el asunto será analizado en segunda instancia, sin que ello implique aún una resolución de fondo.
Declaraciones ministeriales lo mencionan
Según Proceso, el nombre de Adolfo del Cueto Aramburu aparece en declaraciones rendidas por los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, así como por Natan Wancier Taub, quienes obtuvieron un criterio de oportunidad por parte de la FGR.
En esos testimonios se identifica a Del Cueto Aramburu como un empresario que operaba desde Miami a través de la casa de bolsa Bulltick y que mantenía vínculos con Jorge Fernández Moreno. Ambos son mencionados como intermediarios en la canalización de presuntos pagos ilícitos relacionados con contratos de la empresa Nunvav Technologies.
Los declarantes señalaron que recurrieron a estos intermediarios debido a que, presuntamente, contaban con conexiones con la administración federal entrante en 2012.
