Por Melisa Herrera
CANCÚN, QRoo, 18 de marzo de 2026.- Integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales por presuntos daños al patrimonio arqueológico derivados de proyectos conocidos como “parques de la memoria” en Campeche, Xpujil y Chetumal.
De acuerdo con arqueólogos de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, serán los integrantes de la asamblea general del sindicato quienes deberán autorizar la presentación de denuncias contra el exdirector del organismo, Diego Prieto, así como contra el responsable del área en Quintana Roo, Margarito Molina Rendón, entre otros funcionarios.
Los especialistas sostienen que en estos casos se autorizaron intervenciones en vestigios mayas bajo el argumento de impulsar proyectos de desarrollo, lo que habría generado afectaciones a estructuras y contextos históricos de alto valor patrimonial.
Posibles daños al patrimonio maya
Durante una exposición pública, los arqueólogos calificaron estas acciones como posibles “crímenes de lesa arqueología”, al considerar la magnitud del impacto sobre el patrimonio cultural resguardado en la región sureste del país.
El arqueólogo Jesús E. Sánchez explicó que el inicio formal de los procedimientos legales dependerá de la aprobación de la asamblea general del sindicato del INAH, programada para este 19 de marzo, ya que la comisión no puede actuar de manera independiente.
“La asamblea es la base; tiene que ser un consenso de todos los compañeros. El día 19 definiremos los aspectos para arrancar con los procedimientos legales contra los funcionarios del instituto”, señaló.
Denuncias contra funcionarios del INAH
Sánchez insistió en que la responsabilidad no recae en una sola persona, sino también en quienes integran el Consejo de Arqueología, al considerar que autorizaron cada una de las acciones y avalaron documentos que, afirmó, no reflejan la realidad de las obras.
Añadió que la ruta planteada es que las denuncias avancen de manera escalonada, comenzando por los responsables directos y posteriormente hacia mandos superiores dentro del INAH, por haber permitido intervenciones que, según denunciaron, derivaron en destrucciones del patrimonio arqueológico.
El especialista reiteró que cualquier paso legal requerirá el aval colectivo del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, debido a que la Comisión de Patrimonio no actúa de manera autónoma y necesita respaldo formal para proceder.
