Por Melisa Herrera
BACALAR, QRoo, 23 de marzo de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) firmaron un convenio para fortalecer la coordinación institucional en busca de prevenir y frenar la deforestación en Quintana Roo.
En la firma de convenio participaron Mariana Boy Tamborrell, titular de Profepa; Víctor Juárez Carrera, procurador agrario y Luis Cruz Nieva, titular del Registro Agrario Nacional, que permitirá fortalecer la defensa de la selva maya.
Amenazas a la naturaleza
En Quintana Roo se pierde un promedio de 33 hectáreas de selva al día. Entre 2014 y 2023, unas de las zonas con mayor deforestación fueron dos asentamientos conocidos como El Bajío y Salamanca, donde existe gran presencia de familias menonitas. En ese mismo periodo, se perdieron en el municipio de Bacalar un total de 52 mil hectáreas de selva, según Global Forest Watch.
A su vez, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible ha documentado como las actividades en asentamientos de estos grupos en Blanca Flor, El Paraíso y San Fernando, durante los años 2019 a 2023 han impactado en esta problemática, así́ como la deforestación causada por el proyecto del Tren Maya.
Durante la firma de colaboración, se destacó que el acuerdo facilitará el intercambio de información y la implementación de acciones conjuntas para proteger los núcleos agrarios, que representan el 84.3% de la superficie estatal, garantizando así el cuidado del territorio y el bienestar de las comunidades, con ello proteger el segundo macizo forestal más importante del planeta.
Con esto se pretende establece las bases para reforzar las acciones conjuntas en materia ambiental y agraria a fin de combatir el cambio ilegal de uso de suelo forestal, la tala clandestina, el tráfico ilegal de recursos forestales y la extracción ilegal de materiales, mediante el intercambio de información, la orientación a los sujetos agrarios y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia en ejidos y comunidades.
Esta coordinación permitirá brindar asesoría a las y los sujetos agrarios para ejercer su derecho a presentar denuncias ambientales, además de facilitar la restauración de los ecosistemas afectados.
